Poner en manos de entidades privadas la política social, propone James Wilkie

"Hay que quitar el dinero a los gobiernos; manejan burocracias corruptas o desperdician los recursos", plantea el historiador estadounidense

Carece México de un programa estructurado

By CLAUDIA FERNANDEZ

GUANAJUATO, Gto., 24 de noviembre.- Para que sea verdaderamente efectiva, la política social debe pasar de manos del Estado a las organizaciones no gubernamentales, que canalizarán los recursos de fundaciones extranjeras sin fines de lucro a quien verdaderamente los necesita, sostuvo en entrevista el historiador estadounidense James W. Wilkie.

"Hay que quitarle el dinero de las manos al gobierno. Los gobiernos manejan burocracias corruptas o desperdician el dinero", advirtió Wilkie, quien es director del Programa sobre México del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Univer sidad de California en Los Angeles. "Vamos a activar el desarrollo social fuera de los canales del gobierno. Hay que descentralizar el desarrollo social".

En su opinión "(el presidente Ernesto) Zedillo no ha podido articular su política social. El problema de cualquier pobre presidente de México y digo pobre porque están tan agobiados por tantos problemas al mismo tiempo, y po bre hombre porque cómo sobrevive ante tantas presiones es que no ha podido presentar su plan de una mejor manera".

El problema esencial en México, indicó, es "que no hay suficiente capital, ni siquiera para el desarrollo económico, y mucho menos para el desarrollo social".

El clima que vive el país además no ha sido alentador. El mes pasado, la revista estadounidense, de negocios, Forbes, recomendó a los inversionistas salir de México, comentó Wilkie, quien participó en la mesa r edonda de "Etica y gobierno" en el capítulo latinoamericano del Foro El Estado del Mundo en esta ciudad, que concluyó el sábado.

Luego vino la llamada reforma política, ante la condena unánime de la prensa estadounidense, "que creo es una reacción exagerada, porque la mitad del camino se ha recorrido al lograr el desarrollo de un nuevo Instituto Federal Elec toral, que va a estar controlado, de verdad, por los ciudadanos".

Admitió que aún hay que resolver el problema de los topes de financiamiento de campaña y el acceso equitativo a los medios de comunicación y el problema del permiso para formar coaliciones, que aún no ha quedado claro .

"Todo esto es un mal comienzo, ¿cómo va México a atraer capital para el crecimiento económico, junto con cambio social?", cuestiona el investigador quien durante más de dos décadas ha seguido de cerca a Mé xico y su relación con Estados Unidos.

Wilkie ofrece su propia solución: pasar la operación de la política social de manos del Estado a miles de organizaciones no gubernamentales financiadas con recursos del público, nacional y extranjero, y que incluso pueden re cibir fondos gubernamentales, siempre y cuando su administración recaiga en la ONG mexicana.

Según Wilkie, bajo el tratado de doble fiscalización entre Estados Unidos y México, vigente desde 1993, y que evita el cobro de impuestos por duplicado, "tenemos la posibilidad del reconocimiento mutuo de los sectores sin fines de lucro privado, conocidos en México como organismos no gubernamentales (ONG)".

En 1994, México aceptó adoptar la mejor parte de la legislación estadounidense sobre agencias sin fines de lucro. "Esto es importante porque Estados Unidos es el mercado de capital más grande del mundo, para los fondos de la s fundaciones", señaló Wilkie, también presidente de Profmex, que es una red mundial de al menos 80 oficinas para el análisis de cursos de acción alternativa para México.

México y Estados Unidos son los únicos países en el mundo que tienen este acuerdo, y "se han convertido en el estándar mundial en una era de globalización", dijo.

El concepto del reconocimiento mutuo entre Estados Unidos y otros países ha fallado en cinco ocasiones anteriores: con Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Rusia e Israel, porque no llegaron a un acuerdo para armonizar las legislaciones .

La idea de esta homologación de legislaciones es permitir a Estados Unidos transferir dinero a México fácilmente. "Pero solamente cuando las organizaciones mexicanas no gubernamentales califiquen bajo esta ley, lo que requiere una dinámica completamente distinta: abrir los libros contables, el proceso de toma de decisiones, que tiene que ser con fines públicos, no privados, y que una tercera parte de sus ingresos provengan de la población", explicó.

Sin embargo, el historiador precisó que las fundaciones privadas estadounidenses no tienen autorización todavía para transferir dinero a México, para ayudar a resolver el problema social, a través de las ONG mexicanas .

"Las fundaciones públicas, por su parte, podrían hacerlo, siempre y cuando los organismos mexicanos fueran equivalentes a los estadounidenses, abriendo su contabilidad y mostrando que en verdad operan para el beneficio público gene ral, y eso cuesta entre 25,000 y 50,000 dólares de gastos legales", dijo Wilkie, quien agregó que actualmente hay ya 24 ONG mexicanas que han sido aprobadas para recibir fondos estadounidenses.

Admitió que el proceso ha sido lento porque hay algunas ONG que son políticas y otras en las que el manejo de sus recursos no es totalmente transparente, lo que es ilegal en Estados Unidos.

Sin embargo, consideró que hoy las ONG mexicanas, tienen una mejor posición para lograr un mayor acceso al mercado de los fondos de las fundaciones estadounidense y "así, evita al gobierno y llega directamente a la gente que lo va a necesitar. Deja fuera a todos los intermediarios y termina con la centralización", agregó.

El siguiente paso, señaló, es autorizar a las fundaciones privadas a venir a México y ser capaces de crear una fundación aquí, "para el beneficio del país, para una educación superior, para investigaci&o acute;n, para cuidado médico".

"Lo que la mayoría de los países temen es que las empresas extranjeras lleguen, saqueen al país y luego se vayan con todas las ganancias y no dejen nada.

"Pero, ¿qué pasaría si pueden establecer una fundación que sea deducible de impuestos en ambos países, que las donaciones de la empresa tampoco paguen impuestos y que ese dinero vaya para pagar el sistema de bienestar s ocial que no está siendo cubierto de ninguna otra manera?", preguntó el historiador, quien es graduado de la Universidad de las Américas, con un posgrado en la Universidad de California en Berkeley.