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Mexico and the World Artículo en La Jornada, el 2 de junio de 2000 Rescate bancario y gasto público * Juan Moreno Pérez * Con la reciente venta de Banca Serfin y la próxima licitación de Bancrecer, el gobierno actual está heredando un fuerte compromiso de gasto. Los nuevos pagarés emitidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) ascienden a 21 mil 750 millones de dólares, de los cuales 93.5 por ciento deberán pagarse entre 2003 y 2004. Esta herencia significará una fuerte restricción para los programas que pretenda llevar a cabo el nuevo gobierno, lo cual debería preocupar a algunos de los actuales candidatos a la Presidencia. Como puede recordarse, durante la segunda mitad de 1999, el IPAB inyectó cuantiosos recursos a Serfin para ponerlo en condiciones de venta en el presente año. El 30 de enero se anunciaron las bases para la venta de ese banco, señalando como límite el 13 de abril para la presentación de posturas. La oferta de venta incluía un banco ya saneado, con unos pagarés por 100 mil millones de pesos (10 mil 650 millones de dólares), los cuales se pagarían entre 2005 y 2007, junto con los intereses que se acumularan hasta la fecha de vencimiento. Hasta el 15 de marzo todo parecía ir bien, ya que cuatro importantes grupos financieros habían mostrado interés por participar en la licitación de Serfin. Sin embargo, al hacer pública, el 6 de abril, la ampliación de la fecha límite para presentar posturas, pareció que algo importante había pasado. Lo sucedido se supo el 13 de abril, cuando el IPAB dio a conocer que había restructurado los pagarés en poder de Banca Serfin. Todo indica que las condiciones originales de venta de Serfin no parecieron lo suficientemente atractivas a los presuntos compradores, obligando al IPAB a modificar drásticamente las características de los pagarés. Los cambios fueron: un aumento de medio punto en las tasas de interés; una disminución a la mitad en el periodo de amortización; y un pago mensual en efectivo de los intereses, en lugar del esquema de capitalización hasta el vencimiento del papel. El IPAB anunció el 8 de mayo que el Grupo Financiero Santander había ganado la licitación de Serfin, pero no comentó las consecuencias que tendría la decisión de restructurar los pagarés, la cual había sido aparentemente impuesta por el comprador de ese banco. Los 100 mil millones de pesos de los pagarés, que estaban, como se dijo, pactados para vencer entre 2005 y 2007, se dividieron en tres partes: 69 mil millones a pagarse en marzo de 2003; 15 mil millones con vencimiento en marzo de 2004; y los restantes 16 mil millones para liquidarse mediante seis pagos semestrales entre 2000 y 2003. Los intereses sobre los pagarés, ahora elevados a la tasa interbancaria de equilibrio (TIIE) más medio punto, se empezarán a pagar mensualmente, desde el presente mes hasta que se liquiden. Suponiendo un nivel de tasas de interés similar al observado durante los primeros cuatro meses del año, a los 100 mil millones de pesos de los pagarés se deberá agregar un monto de 49 mil millones de pesos distribuidos durante los próximos cuatro años. Estos nuevos compromisos de gastos significan una importante restricción al presupuesto de egresos para los siguientes años. Para estimar ese impacto, se partió del supuesto de que el gasto público crecerá en 15.5 por ciento anual hasta 2004. Ese 15.5 por ciento resulta de estimar un crecimiento del PIB real de 5 por ciento y una inflación anual de 10 por ciento. Con estos supuestos, el gasto comprometido por la forma en que se vendió Serfin pasa de 1.2 por ciento del presupuesto federal en el presente año, a poco más de 4 por ciento en 2003. Además, como preparación para la próxima venta de Bancrecer, el IPAB emitió en noviembre pasado un nuevo pagaré por 102 mil 200 millones de pesos (11 mil 100 millones de dólares), con actualización en su valor al mismo ritmo que la inflación y con un vencimiento en 2004. Con los supuestos antes señalados, el monto del gasto para liquidar este pagaré podría alcanzar 8 por ciento del presupuesto federal de 2004. En conclusión, las recientes decisiones tomadas por el IPAB, para poder vender Serfin y Bancrecer, significan un compromiso de gasto que se está heredando al próximo gobierno, por alrededor de 4 por ciento del presupuesto en 2003 y de 8 por ciento en 2004. Si a estos pagos se agregan 10 mil millones de pesos anuales por amortización de los Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el Gasto (Pidiregas), ya comprometidos a partir de 2001, las restricciones presupuestales se anticipan como muy difíciles. Algunos candidatos a la Presidencia están ofreciendo una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos y financiar con ello un mayor gasto para atender las enormes necesidades del pueblo mexicano. Sin embargo, los compromisos que sigilosamente está heredando el actual gobierno, pueden obligar a que la anunciada reforma sólo resulte suficiente para enfrentar dichos compromisos y no para llevar adelante los muchos ofrecimientos de campaña. Por todo lo anterior, la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, de revisar a fondo todas las operaciones llevadas a cabo durante el interminable rescate bancario, resulta vital, si realmente se quieren atacar los muchos males que aquejan a las mayorías. Si no consideran la terrible herencia del Fobaproa, las propuestas de Francisco Labastida se tornan huecas, y las de Vicente Fox quedan como lo que siempre han sido, ocurrencias sin ningún sustento. * |
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