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Mexico
and the World
Vol. 7, No 4 (Fall 2002)
http://www.profmex.org/mexicoandtheworld/volume7/4fall02/posrevolucion_mexicana.html
Distinguished
Professorship awarded to James
Wilkie, jointly by
(A) U.S.-Mexico Foundation
for Science and
(B) the Academia Mexicana de
Ciencias
to celebrate lectures in his
honor by analyzing his
"History of Economic and
Social Change in Mexico Since 1910",
University of Baja California
(UABC), Tijuana, Sept. 17-20
Major Presentation by economist Miguel
Ángel Rivera Ríos (UNAM):
"La
Posrevolución Mexicana y La Estimación
de
James Wilkie del Presupuesto y Cambio
Social en México:
La
revisión de un debate"
Reimpreso en Economía Informa
Facultad de Economía UNAM, Número 314
(Febrero de 2003), pp. 44-52.
Ubicación
A principios de los setenta se verificó en
Journals de los Estados Unidos uno de los
debates más interesantes sobre la forma
que debía estudiarse la historia económica
del México contemporáneo. El debate estuvo
centrado en el libro escrito por James W.
Wilkie cuya traducción al español se
tituló: La Revolución
mexicana. Gasto federal y cambio
social.
[1] El autor, explica en el prefacio
a la primera edición en español que
esperaba un fuerte controversia con sus
colegas los historiadores, pero varios de
estos respondieron primero con el silencio
y solo unos cuatro años después,
publicaron sus criticas, con lo cual se
abrió el debate.
[2] Varios de estos críticos
expresaron franca hostilidad a los que
juzgaron métodos heterodoxos de abordar el
estudio de la historia, lo que
desafortunadamente sirvió para alejar la
controversia de los temas
verdaderamente neurálgicos de la
historia de México.
Cerca
de treinta años después, cuando parece
haberse cerrado el capítulo histórico que
se abrió con la revolución, la obra de
Wilkie y la de otros historiadores que
abordaron el tema desde una perspectiva
semejante, cobran actualidad. Tanto la
metodología de este autor, es decir, su
valoración cuidadosa de la evidencia
empírica y la ubicaron de ésta en un
amplio marco analítico e interpretativo,
así como por la forma como articuló su
objeto de estudio desde una perspectiva
interdisciplinaria, justifican una
rediscusión que debe enriquecerse con el
examen de algunas de las opiniones
vertidas en los setenta, pero con la
intención de ligar con los problemas de
hoy en día. En la actualidad la discusión
sobre el cambio histórico en México es
crucial para entender los retos de la
transición política y si un régimen
radicalmente distinto al priísta puede
contribuir a que el país supere sus
ancestrales problemas de atraso y pobreza,
que persistieron tras la fachada de
estabilidad creada por la familia
revolucionaria.
Conviene no olvidar, que en la época en
que Wilkie escribió este libro, el papel
del régimen priísta en la modernización de
México era casi un tabú para muchos
intelectuales mexicanos, por lo que los
historiadores permanecieron formalmente al
margen de la controversia.
[3] Para la intelectualidad de
izquierda como también para la de derecha,
los gobiernos priístas posteriores a
Cárdenas eran poco menos que dictaduras
que se mantenían en el poder gracias al
fraude electoral. La cuestión de si estos
peculiares regímenes gozaban de algún tipo
de consenso o de legitimidad social no fue
tomada seriamente.
La presente revisión recae principalmente
sobre el libro La revolución
mexicana... , pero
también revisaremos la crítica efectuada
Skidmore y Smith, por haber representado
el punto de vista del establishment
de historiadores, pero haremos sólo
referencia colateral a otros comentarios
críticos como el de Boni y Seligson, ya
que tiene menor trascendencia para los
objetivos que aquí se persiguen.
Irónicamente, al interrelacionar la
revisión del contenido del libro de Wilkie
con los comentarios de sus críticos más
connotados, se facilita la reevaluación de
las aportaciones del historiador
estadounidense en lo que concierne a la
comprensión del México
contemporáneo. Empezaremos, pues, por
hacer un resumen parcial del libro de
Wilkie, precisando sus principales líneas
de investigación y sus conclusiones.
Gasto federal y cambio social
Los antecedentes y el contexto político de
la política presupuestaria
El historiador James Wilkie parte de
una premisa muy clara. La revolución
mexicana fue realiza para liberar a las
masas campesinas de la opresión impuesta
por el sistema porfirista. En esa
perspectiva, el grupo social que tomó el
control del proceso revolucionario, los
caudillos del norte, tenían en mayor o
menor medida un apego político y moral a
tales objetivos de la revolución que
fueron, consecuentemente, superar
la opresión de las masas y lograr su
emancipación social a través de la
distribución de la tierra, la educación,
la urbanización, etc. [4]
El papel de las masas en el proceso
revolucionario es un tema controversial y
lamentablemente James Wilkie es
esquemático al respecto, ya que optó por
centrarse en lo que yo llamaría la
situación posrevolucionaria, es decir, la
conformación gradual de un nuevo estado
con una misión histórica muy distinta al
del porfiriato. Sin embargo, es obvio que
Wilkie estaba sumamente interesado en la
relación entre los caudillos de la
revolución y las masas campesinas. Los
caudillos pudieron vencer al ejercito
porfirista gracias a su alianza temporal
con Villa y Zapata. Aunque posteriormente
rompieran la alianza, los caudillos más
lúcidos como Obregón comprendieron que una
ruptura definitiva con las masas o con el
compromiso político a favor del bienestar
de las mismas hubiera significado la
reinstauración del viejo régimen. Por esa
razón, como lo subraya Wilkie al discutir
el Congreso Constituyente de 1917, en los
siguientes años se verificó lo que Gramsci
llamo una “revolución pasiva”.
Los líderes de la revolución trataron de
conservar el apoyo de las masas pese a
haber asesinado a sus exponentes, Villa y
Zapata, lo que hicieron aceptado (a veces
a regañadientes) el texto constitucional.
En el capítulo III, Wilkie aborda la
cuestión de las fuentes de la legitimidad
del régimen revolucionario. Al integrar
dentro de la discusión la personalidad de
los caudillos de la revolución, nos
permite ver que relativas eran las
diferencias entre estos y la clase
porfirista, puesto que ambos estaban
comprometidos con la edificación de una
sociedad capitalista. Desafortunadamente,
los caudillos carecían de un proyecto
detallado de cómo reorientar la
reconstrucción nacional y por ello
quedaron atrapados en varias
contradicciones.
[5] Además, hasta principios de los
treinta persistió la modalidad de
desarrollo basada en las exportaciones
primarias, por lo que era muy difícil
erradicar a los terratenientes
porfiristas, sin afectar los ingresos de
exportación.
Probablemente la parte más sólida del
libro de Wilkie se refiera a la forma como
se fraguó la Constitución política de 1917
y el papel que desempeñaría en la
edificación de la nueva sociedad. La
Constitución del 17, como demuestra
Wilkie, fue el producto de un nuevo
ascenso del movimiento de masas derivado
de la destrucción del aparato estatal del
porfiriato (ver sobre todo pp.
83-88). Contraviniendo los deseos de
Carranza, los delegados a la constituyente
dirigidos por un jacobino, Francisco J.
Mújica, plasmaron un proyecto
constitucional que fue el producto de la
confluencia varias procesos: a) la
naturaleza del conflicto revolucionario y
las carencias del pueblo mexicano que
tuvieron un papel en el mismo; b) la
utopía social de la época, marcada por el
ascenso de las ideas socialistas y c) el
declive histórico del liberalismo (p. 84).
¿Por que los caudillos de la revolución,
aun con la oposición tácita de Carranza,
aceptaron a la larga el texto
constitucional? Como atinadamente
señala Wilkie “... sin leyes reguladoras,
la Constitución solamente poseía una
fuerza moral que serviría como guía para
la acción, porque no se contaba con medios
para hacerla efectiva, o castigar a los
que la violaran. Y no cabe duda que hubo
muchos grupos que se negaron a reconocer
la Constitución de 1917, porque no se les
había permitido votar por los delegados a
la Constituyente, y la ciudadanía en
general no había aprobado ese documento.”
(p. 89).
Lo anterior quiere decir que pese a su
fragilidad política inmediata, la
Constitución del 17, poseía el respaldo
popular brindado por el movimiento
revolucionario para convertirse en el
cimiento de una revolución pasiva.
A pesar de que para algunos de los
líderes, la Constitución planteaba en lo
inmediato mayores problemas que los que
resolvía, a la larga percibieron que era
su fuente de legitimidad fundamental. Como
sugiere Wilkie, sin el compromiso que
establecía para el futuro, los gobiernos
posrevolucionarios se habrían encontrado
en un vacío, proclives a la
autodestrucción al no poseer un referente
objetivo para proclamar su lealtad a las
ideas revolucionarias, o sea, a su
compromiso con el bienestar de las masas y
al desarrollo socioeconómico de
México.
La crisis de 1929 junto con la posterior
de depresión mundial, fue el parteaguas
que posibilitó la ruptura definitiva con
el sistema porfirista. Wilkie explica lo
anterior al abordar la constitución del estado
activo, es decir, una nueva
institución estatal orientada a cumplir
los objetivos contenidos en la
Constitución de 1917. Obviamente el
personaje que detonó el cambio
institucional y político fue Lázaro
Cárdenas y su revolución social. Tan
poderoso fue el detonante social y tan
altas las expectativas que Cárdenas activó
al sentar las bases de una nueva modalidad
de desarrollo, que sus sucesores en la
presidencia continuaron el impulso, aunque
introduciendo innovaciones claves en la
gestión gubernamental, como deja claro el
autor.
El presupuesto federal como instrumento de
la revolución
A partir de los treinta se abrió un nuevo
capítulo de reconstrucción nacional en el
cual la política presupuestaria constituyó
el instrumento por excelencia para
modernizar la economía y la sociedad
mexicanas. Como veremos mas adelante, los
objetivos del estado activo fueron tanto
sociales (salud, vivienda, educación) como
económicos (promoción del desarrollo
capitalista).
[6]
El estudio de la relación entre gasto
publico y cambio social desde una
perspectiva a la vez teoría y cuantitativa
plantea problemas metodológicos
formidables, cuyo tratamiento explícito le
hubiera exigido a Wilkie un libro del
doble de la extensión del actual. Por esa
razón apeló al sentido común y a la
necesidad de aceptar ciertos puntos de
referencia comunes, avalados por la
experiencia histórica de la posguerra.
Probablemente este sobrentendido pueda
sintetizarse en los siguientes puntos:
todos los países del mundo hicieron,
durante la posguerra, un esfuerzo similar
al de México para utilizar el gasto
publico a fin de resolver problemas
económicos o sociales o apoyar la
modernización nacional;
aunque existió consenso de que hubo
resultados tangibles de la orientación
keynesiana del gasto publico, las
estimaciones de los mismas fueron
polémicos y repletas de dificultades
metodológicas. En la medida que el gasto,
tanto el público como el privado, tiene
efectos aceleradores y multiplicadores,
los mismos son indivisibles de la
respuesta de todos los agentes económicos.
Wilkie respondió a los problemas
implícitos en la estimación del cambio
social haciendo varias acotaciones.
Primero que “...no es el gobierno el único
responsable del cambio social. El sector
privado desempeña un papel clave en la
integración nacional. No obstante, es el
gobierno el que crea el clima en que
operan las empresas privadas. Es el
gobierno el que establece la política a
seguir, consciente o inconscientemente, y
determinando en grado importante el papel
que podrá desempeñar el sector privado.”
(p. 27 y en el mismo tenor p. 291).
Segundo, “El análisis se basa en esta
suposición: es el estilo de cada periodo
ideológico [o sexenal] el que contribuye a
los adelantos sociales, por ejemplo y no
el gasto social per se el que
causa la disminución de la pobreza” (p.
25).
Dicho en otras palabras, cada uno de los
sucesivos regímenes presidenciales adoptó
un estilo propio de cómo ejercer el gasto
publico que formó parte de una estrategia
general de gobierno (repartieron mas o
menos tierra, diversificaron la
composición del gasto, dieron mayor o
menor acceso al capital extranjero,
etc.). Al respecto el autor habla de
periodos ideológicos para captar la
especificidad de cada régimen y su
capacidad para acelerar la transformación
de México (pp. 71-73).
El estado activo significó la compresión
continua de los gastos administrativos que
quedaron después de 1950 por debajo del
40% del presupuesto ejercido, cuando a
principios de los veinte, representaban
poco más de 70%. Cada presidente, después
de Cárdenas, imprimió su sello a la
política presupuestaria comprimiendo los
gastos administrativos, fuera a favor de
los gastos económicos o de los sociales,
en un afán por acelerar la modernización
de México. Hasta fines de los cincuenta
los gastos sociales disminuyeron su
participación, en beneficio de los gastos
en infraestructura y fomento industrial;
con Ruíz Cortínez y López Mateos esta
tendencia se revirtió, y con este ultimo
los gastos sociales llegaran a un máximo
de 22% en 1962-63. A pesar de que la
participación de los gastos sociales fue
oscilante, la velocidad con se abatió la
pobreza se aceleró a partir de los
cincuenta, pero, como correctamente señala
Wilkie, la modernización económica,
estimada por el crecimiento del PIB per
capita, también se aceleró (ver
cuadro X-7, p. 296).
[7]
En suma, en las condiciones históricas del
México posrevolucionario, como lo demostró
Wilkie en la Primera Parte, existió una
relación fundamental entre el ejercicio
presupuestario y el cambio social, por el
simple hecho de que el estado asumió un
papel activo en la conducción de una
sociedad material y socialmente atrasada;
sin embargo, no se trataba de una relación
mecánica en el sentido de que el simple
aumento del presupuesto genere
directamente algún grado de transformación
social. Para establecer la relación
adecuada entre ambas variables Wilkie
interesa esclarecer la noción de cambio
social-pobreza empleada por el autor y no
dejar de lado su desagregación del gasto
federal.
Wilkie estableció un relación indivisible
entre cambio social y pobreza que, a
juzgar por la opinión de Boni y Seligson,
resultó incomprensible para algunos de sus
críticos. Nuestro autor adopta la
perspectiva de los clásicos de la teoría
del desarrollo de Hirschman a Lewis, en
cuanto a que el progreso histórico dentro
del capitalismo se define a partir del
cambio en el status de la población, o de
las masas, como frecuentemente dice Wilkie
(cap. IX). Para un país en el cual en
1910, el 70% de la población, era pobre y
rural, o sea precapitalista, la medida de
progreso tendría que reflejarse en el
cambio en su modo de vida y sus pautas de
comportamiento social.
[8] Por lo tanto el índice de pobreza
de Wilkie es un indicador del grado de
integración de la población rural o
campesina al sistema capitalista, o
también un indicador del grado de
modernización
alcanzado por la sociedad mexicana.
[9] A continuación retomaremos este
punto, ya que el índice de pobreza de
Wilkie, no mide lo que hoy llamaríamos
pobreza urbana, ya que los obreros de las
ciudades, ya han dado un paso fundamental
hacia la integración (no son analfabetas,
no andan descalzos, etc.), pero la mayoría
de ellos reciben un salario de
subsistencia, que los califica como
pobres.
James Wilkie apoyó al que fue uno de sus
discípulos, Stephen Haber
[10] , para aplicar el “índice de
pobreza” al estudio del desarrollo
municipal de México. Nos conviene citar
ese trabajo a fin de clarificar la
aportación de Wilkie a la comprensión del
cambio social en México, ya que el trabajo
de su discípulo fue en realidad una
extensión de la propia investigación de
Wilkie, en la que el mismo efectuó una
aportación central a nivel metodológico y
empírico
[11] . Haber señala en su artículo
publicado en 1982: “... mi tesis es que el
desarrollo económico de México ha estado
normalmente asociado a su desarrollo
social y que la modernización del sector
rural ha sido uno de las causas
principales del excepcional crecimiento
económico de México. Como lo ha denotado
Kunkel (1965:439), el desarrollo económico
no puede ocurrir sin una previa o
concomitante incorporación de las
comunidades campesinas autónomas a la
redes económicas y sociales nacionales. Al
romper el aislamiento del México rural, el
proceso de modernización ha ampliado el
mercado nacional y mantenido niveles
efectivos de demanda agregada. Sí como lo
observó Clark Reynolds (1970:42) en su
estudio fundacional de la economía
mexicana, la expansión del mercado interno
ha sido uno de los motores del crecimiento
en el desarrollo del México del siglo XX,
entonces la incorporación del sector rural
al mercado nacional debe tener un efecto
fundamental en el curso del desarrollo
mexicano” (p.634).
En lo que toca al
tratamiento del gasto federal, James
Wilkie hizo una serie de propuestas
innovadoras para su tiempo. En primer
lugar, al comprobar que, dada la enorme
discrecionalidad de la oficina
presidencial en México se gastaba más de
lo que se había anunciado previamente, era
necesario separar el concepto de gasto
ejercido del gasto originalmente aprobado
o planeado por el gobierno central.
[12] Generalmente una parte del
excedente del gasto ejercido sobre el
planeado se capturaba bajo el concepto
contable de “erogaciones adicionales”, que
causaba una gran confusión en su tiempo.
[13] En tercer lugar, propuso dividir
los gastos presupuestarios en tres
categorías, que expresan su función en la
reproducción socioeconómica y política
(capítulos. 5, 6 y 7): a) administrativos;
b) sociales y c) económicos. Los primeros
representan las erogaciones necesarias
para mantener el funcionamiento del
aparato estatal y cubrir el servicio de la
deuda pública; como tales no tienen ningún
papel en el cambio social o en el
bienestar de la población, antes al
contrario, entre mayores sean los gastos
administrativos del estado, menor será la
oportunidad de que el gasto público
contribuya al desarrollo socioeconómico.
Las posibilidades de integración de la
población campesina dependerían de los
gastos sociales y económicos, en tanto los
primeros se destinan principalmente a
atender requerimientos de salud, vivienda
y educación de la masa de la población.
Los gastos económicos están orientados a
mejoras las condiciones para lograr un
desarrollo económico más acelerado,
principalmente creando la infraestructura
para la irrigación y las comunicaciones y
transportes.
En cuarto lugar,
efectúo una segunda desagregación del
gasto público, tanto el planeado como el
ejercido, en 27 subcategorías (defensa,
deuda, pensiones, irrigación, educación,
etc.), que era un auxiliar indispensable
para la agrupación más fundamental del
gasto de acuerdo a su impacto. La
propuesta del autor influyó en las
instituciones que analizan la actividad
presupuestaria, ya que por ejemplo la
Brookings Institution, adoptó la propuesta
de Wilkie para el caso de los Estados
Unidos, para desagregar los datos de
acuerdo al tipo de secretaría y de acuerdo
a su función, pero también aplicando este
criterio a las erogaciones
adicionales. En quinto lugar, algo
inusitado en su tiempo, organizó la
información en series de largo plazo y las
deflactó para obtener valores reales y
mostrar el poder de cada presidente en
términos del manejo de recursos
presupuestarios.
La conclusión de que los sucesivos
presidentes desde Obregón lograron reducir
la participación de los gastos
administrativos demuestra la magnitud de
la tarea revolucionaria que emprendieron.
Al institucionalizar el poder a través del
perfeccionamiento de la estructura de
partido de estado lograron relegar a los
militares y así liberar fondos
presupuestarios que emplearon para otros
fines más productivos, de modo que la
medida de la institucionalización del
poder se refleja en la ausencia de
cualquier forma de rebelión o
inconformidad de parte de los militares
después de Avila Camacho. Por otra parte,
es muy interesante la discusión del
conflicto entre el aumento de los gastos
económicos vís a vís los gastos sociales
que tuvo lugar a partir de Avila Camacho,
en el sentido de que los presidentes se
enfrentaron al dilema de tratar de elevar
de integrar a la población de manera
directa o indirecta (o fomentar las
condiciones para que los nuevos
empresarios, para utilizar la expresión de
Sanford Mosk, acumularan capital).
Las conclusiones del estudio de Wilkie es
muy clara: cuando se consolidó un gobierno
revolucionario, o sea con capacidad de
llevar a cabo el proyecto contenido en la
Constitución de 1917, a partir de
Cárdenas, la velocidad de cambio social
fue impresionante, ya que el Indice de
Pobreza se redujo a la mitad entre 1940 y
1970, con un cambio decenal más rápido en
la ultima década. (pp. 202-203, ver sobre
todo cuadro X.5). El autor se muestra solo
moderadamente entusiasmado, ya que señala:
“[s]ólo desde 1940 alcanzó el cambio
social para las masas una rapidez relativa
y aun así es dudoso que la proporción del
14 al 16% pueda considerarse
revolucionaria”. La clave esta, sin
embargo, en el siguiente párrafo: “...
dada la naturaleza de la pobreza que ha
existido en México desde hace siglos, la
baja del índice de pobreza desde 1940 es
muy impresionante.” Decimos que la
clave esta en este párrafo, porque la
experiencia posterior a 1970 ha demostrado
que la pobreza precapitalista esta
fuertemente enraizada y no puede
erradicarse de manera definitiva a partir
de instrumentos globales o
presupuestarios, sino que requiere el uso
de instrumentos “microsociales”. Queda
claro, sin embargo, que los gobiernos
posteriores a Cárdenas cumplieron el papel
histórico de acelerar la modernización de
México, aunque ello no quiere decir que
hicieron prevalecer la justicia social, ya
que si bien hubo un innegable progreso
material, sabemos también que la pobreza
cambió de forma: apareció la pobreza
urbana y capitalista.
Wilkie insiste en algo muy importante. Que
aunque el proceso de integración no quedó
completo en ese periodo, el régimen
priísta quedó legitimado ante las masas,
al grado que la oposición de izquierda o
derecha no logró en ese tiempo trascender
la esfera de los grupúsculos y no pudo
constituir una alternativa política
viable. Consecuentemente con lo anterior
le autor desestima la idea de que la
revolución hubiera fracasado (p. 299).
Como dijimos al principio, la conclusión
de que los regímenes posrevolucionarios
cumplieron una misión histórica
modernizando al país y haciendo retroceder
la pobreza, incomodó a algunos
intelectuales, que consideraban a tales
regímenes como dictatoriales y represivos.
El argumento más común que sostenían
varios intelectuales críticos es que
después de Cárdenas el regimen se alejó de
los objetivos de la revolución y se
mantuvo en el poder, pese a su creciente
impopularidad, gracias al fraude
electoral. Efectivamente el fraude
electoral fue generalizado incluso en el
traspaso gubernamental de Cárdenas a Avila
Camacho, pero sirvió para mantener más
bien el monopolio absoluto del poder que
para preservar el control del mismo. En
todo caso el control absoluto del poder
tuvo consecuencias incalculablemente
graves, ya que propició la corrupción cuya
propagación puede servir para establecer
un criterio alternativa para juzgar si se
alcanzaron las metas de la revolución.
La critica de los críticos
Una de las revisiones criticas más
conocidas del libro de James Wilkie fue
escrito por Skidmore y Smith, este ultimo
un mexicanólogo de renombre. La
revisión efectuada por ambos autores fue
sumamente adversa, prácticamente
constituyó una descalificación del libro
de Wilkie. Aunque Skidmore and Smith
saludaron el esfuerzo de Wilkie de
compilar cuidadosamente datos
presupuestarios, lo acusaron de utilizar
incorrectamente esa información y llegar a
conclusiones no avaladas por la misma.
La critica de estos autores es muy
singular ya que en lugar de analizar la
obra en su unidad teórica y empírica,
adoptan un enfoque que privilegia la
dimensión cuantitativa del trabajo de
Wilkie, desestimando las aportaciones
teóricas e históricas del mismo. Por lo
anterior no es sorprendente que Skidmore y
Smith hayan catalogado el trabajo de
Wilkie como perteneciente a la escuela de
la historia cuantitativa; así fijan como
canon de la obra su capacidad para
cuantificar el cambio social a partir del
cual encuentran un conjunto de
“inconsistencias” en la misma. Entre los
puntos criticados por ellos, me voy a
concentrar en los tres que mejor se
ajusten a la discusión equilibrada y no
tecnicista del libro en cuestión
Esos tres puntos son:
la descomposición del gasto federal en
tres conceptos: administrativo, social y
económico y no el uso de la relación
gasto/PBI para estimar el impacto en la
economía nacional:
la supuesta cuantificación del cambio
social de manera estrecha y ambigua, ya
que en lugar de abordar el análisis
del acceso de determinado grupo social a
un monto de bienes y servicios, el autor
se concentra en la declinación de la
pobreza, definida de manera sui generis.
La “ambigüedad” de la relación
causal entre la acción presupuestaria del
gobierno y el índice pobreza, que Wilkie
define como indirecta, pero siempre a
partir del gasto gubernamental como
variable independiente.
En relación al primer punto, es incorrecto
poner en duda, como lo hace Skidmore y
Smith, la existencia de un estado activo
por el hecho de que la participación del
gasto federal en el producto fue
relativamente modesta (entre 10-13% en los
cincuenta). La evidencia de que
existe un estado activo es, como argumenta
Wilkie, ante todo cualitativa más que
cuantitativa. Radica en el hecho de que el
estado capitalista se concretó
históricamente antes que la propia clase
capitalista y su función consistió en
promover el surgimiento y desarrollo de la
segunda, en un compromiso histórico que
arrancaba de la propia Constitución del
1917. En la medida anterior, el nuevo
estado se veía obligado a establecer el
“clima” o el escenario para que actuara el
sector privado, que dado su desarrollo
embrionario carecía de iniciativa
económica por lo menos hasta los sesenta.
El estado posrevolucionario se vio, en
consecuencia, ante un doble compromiso:
auspiciar el desarrollo del sector privado
y por otro auspiciar el desarrollo de la
clase trabajadora, de allí que el gasto
publico tenga que analizarse desde la
perspectiva de su composición más que de
su nivel. Existe otra razón fundamental
para analizar el gasto federal por su
composición como lo hizo Wilkie y es la
naturaleza de la reproducción del aparato
productivo. En la reproducción del aparato
productivo los gastos en infraestructura
(comunicaciones o transportes) o
irrigación tienen un impacto diferente a
los gastos en vivienda o salud de la
población, independientemente de su
periodo de gestación. Los gastos
económicos, tienen la función de elevar la
productividad de manera directa, en tanto
que los gastos sociales elevaran el
bienestar de la población, aunque
indirectamente podrían contribuir a elevar
la productividad.
[14]
En cuanto a la segunda critica, desde el
comienzo de la obra, Wilkie deja bien
establecido que su intención es analizar
el cambio social no la distribución del
ingreso. Considerando el atraso en
que vivía el grueso de la población de
México a comienzos del siglo XX, la
cuestión central es determinar como el
campesinado (o las masas) se fueron
integrado al sector moderno de la
economía, lo que tendría que reflejarse en
la los indicadores que Wilkie engloba bajo
el rubro de Indice Pobreza, aunque
paradójicamente, como ya dijimos, la
población puede integrase al sector
moderno y seguir siendo pobre, aunque en
un sentido diferente, como lo subraya
Wilkie al citar a Oscar Lewis. Se podría
reprocha a Wilkie el haber definido esa
integración de una perspectiva
exclusivamente sociológica y no económica,
ya que dejó de lado la situación laboral
de los campesinos (no ve la relación
salarial o laboral a la cual se integran).
Por lo anterior, está por encima de toda
duda que el Indice de Pobreza es un
indicador del grado de modernización
social logrado por el grueso de la
población mexicana, de modo que refleja el
cambio social en el sentido más amplio del
término.
Finalmente, la preeminencia del gobierno
en la definición del rumbo económico de la
nación constituye una cuestión histórica
que se explica por lo establecido en el
primer punto, es decir, el subdesarrollo
del sector privado. A su vez, la acción
del gasto público tenía que ser indirecta,
ya que México funcionaba como una economía
mixta y los efectos multiplicadores y
aceleradores del gasto publica arrastraban
necesariamente al sector privado, que
invertía de acuerdo a las oportunidades
creadas por la política pública. Esa
relación no fue estructural ya que a
partir de los setenta, en parte fuera del
análisis de Wilkie, el sector privado
comenzó a independizarse y a adoptar su
propio patrón de inversión y
financiamiento, chocando inevitablemente
con algunas de las políticas del gobierno.
En suma, Skidmore y Smith pierden de vista
el contexto teórico e histórico de la obra
de Wilkie y extravían la crítica. Son
incapaces de ver la unidad entre los tres
distintos niveles del libro de Wilkie,
pero sobre todo la forma en que el
análisis cuantitativo quedó determinado
por los fundamentos teóricos e históricos
y no a la inversa. Si hubieran vista esta
relación hubieran colocado en su justa
dimensión la clasificación del gasto
federal, el papel del Indice de Pobreza y
la relación entre el mismo y el cambio
social. El excesivo formalismo en el
cual ubicaron la obra de Wilkie la
desnaturaliza, pero sobre todo los
descalificó para debatir los problemas
fundamentales de la historia del México
contemporáneo.
Conclusión: méritos y debilidades en el
contexto actual
Con la derrota electoral del PRI en 2000
parece haberse cerrado un largo capítulo
de la historia contemporánea de México,
que se inició con la revolución. Aunque
podría ser así, existen diversos
interrogantes sobre este periodo y su
influencia a más largo plazo, que no han
sido suficientemente respondidos por
historiadores y otros científicos
sociales. Uno de esos interrogantes
refiere a los fundamentos y consecuencias
culturales de la larga permanencia del PRI
en el poder. Hemos visto que el libro de
Wilkie brinda invaluables elementos para
responder a la pregunta de si se trató de
un proceso derivado puramente de la
represión y el control dictatorial de la
sociedad, ejercido bajo una modalidad
ciertamente benigna y progresiva, o si más
bien estuvieron en juego otros factores
sociales más complejos.
Por otra parte, aunque la transición
política está teniendo consecuencias
irreversibles y creando un efecto en
cascada, no debemos olvidar que el régimen
que emanó de la revolución no solo
controló el gobierno, sino multitud de
espacios sociales, al grado de convertir
al estado también en un estado social.
[15] El presidencialismo
subordinó a los poderes legislativo y
judicial en tanto que el régimen,
entendido como la suma del estado y el
partido, segmentaron a la sociedad y la
encuadraron en instrumentos de control muy
duraderos, que tuvieron un correlato
ideológico y cultural. La larga vigencia
del poder priísta, creó una mentalidad que
se extendió a todos los espacios y actores
sociales, al sentido de identidad
nacional, a los valores y a la cultura,
llegando a ejercer un papel formativo
entre todos lo mexicanos, incluidos
aquellos que repudiaban al sistema.
No toda esa influencia institucional,
cultural y conductual era negativa per se,
pero se fue agotando históricamente y poco
a poco diversos agentes sociales
comenzaron a desprenderse de su legado.
En su extenso estudio Wilkie devela y
analiza la naturaleza de este régimen en
su periodo formativo y de apogeo. Su
análisis de la personalidad política de
los caudillos de la revolución y de los
primeros gobernantes, su discusión sobre
la Asamblea Constituyente y sobre el texto
constitucional, sumado a su exhaustivo
tratamiento de la política presupuestaria
y su efecto modernizador, arrojan luz
sobre estas interrogantes que acabamos de
formular.
El análisis de Wilkie revela que el grupo
social que triunfó en la lucha
revolucionaria tenía dos cualidades
excepcionales y un grave defecto.
Demostró ser enormemente flexible como
para adaptarse a cambios históricos dentro
de un periodo de tiempo muy largo,
para enfrentar, por ejemplo, la
consolidación del imperialismo
norteamericano, la gran depresión, los
retos de la segunda posguerra, etc., Fue
cambiando gradualmente, pero se mantuvo
fiel a ciertos valores originarios que
fueron fundamentales en su lucha contra
adversarios de derecha e izquierda.
Resulta sorprendente también, y el libro
de Wilkie es inequívoco al respecto, su
capacidad modernizadora. Ese grupo social,
la familia revolucionaria, estaba a la
vanguardia de la sociedad y era capaz de
asimilar a los elementos más lúcidos y
dinámicos de la misma, traduciendo ese
impulso en progreso social, limitado pero
real. Este grupo fue incapaz, sin
embargo, de comprender la importancia de
la democracia como no un fin en sí mismo,
sino como un instrumento de desarrollo
social, tan importante como otros que si
estuvo dispuesto a utilizar.
No es
difícil encontrar los motivos por los que
el regimen emanado de la revolución
despreció la democracia. En una sociedad
atrasada, donde la mayoría de la población
es analfabeta o semi-analfabeta, la
democracia no parece un estorbo sino que
es impracticable, de modo que la
democratización se convirtió en proyecto
subordinado a los logros de la
industrialización. El error, si cabe
llamarlo así, es que otorgando la máxima
prioridad a la modernización económica
relegaron o anularon la construcción de
las precondiciones para la
democracia que son entre otras la
justicia, la transparencia, la rendición
de cuentas e inclusive la educación. Al
relegar o anular estas precondiciones se
encontraron auspiciando una impresionante
corrupción ligada a su papel como juez y
árbitro y sus relaciones incestuosas con
la burguesía que nació en su regazo. Los
intereses creados por este sistema se
convirtieron en una fuerzas refractaria al
cambio político que llevó a un agotamiento
prematuro de la modalidad de desarrollo
adopta después de la gran depresión.
Al final, después de haber puesto en
marcha la modernización de los años
ochenta, la corrupción creada desde el
poder tomó formas novedosas, pero aun más
letales para el tejido social,
revirtiéndose contra su principal
promotor, para llevarnos finalmente al
cambio de regimen.
Los Angeles, 17 de junio de 2002
[1] Publicado
originalmente en ingles, bajo el titulo de
The Mexican Revolution:
Federal Expediture and Social Change
Since 1910,
University of California Press, Berkeley,
1967, primera edición; Los Angeles, 1970,
segunda edición. La edición en español: La
revolución mexicana (1910-1917). Gasto
Federal y cambio social,
Fondo de Cultura Económica, México, 1977,
añade dos epílogos. Las citas que aquí se
efectuan del libro provienen de la edición
en español.
[2] La crítica que pretendió fijar la
posición de los historiadores “ortodoxos”,
fue la de E. Skidmore y P. Smith (“Notes
on Quantitative History: Federal
Expediture and Social Change Since 1910”,
Latin America Research
Review 5:1, 1970)
y fue francamente hostil a la obra de
Wilkie. Otros críticos como F. Boni
y M. Seligson, inscribiéndose dentro de la
perspectiva de los primeros, solo tocaron
aspectos secundarios del libro. D. Barkin,
Coleman y Wanat también efectuaron
comentarios pero más bien con un tono
neutral. Wilkie respondió a Skidmore
y Smith en “On Methodology and the Use of
Historical Statistics”, Latin
American Research Review
5:1, 1970: la respuesta a Boni y Seligson
fue “The Poverty Index for Mexico”, Latin
American Research Review 10:1,
1975.
[3] Informalmente varios economistas
de izquierda expresaron también una franca
hostilidad al libro de James Wilkie, por
razones distintas a los historiadores
norteamericanos. Algunos intelectuales
mexicanos de izquierda, expresaron en
privado que el solo hecho de relacionar el
gasto federal con el cambio social era un
anatema y una apología a favor del PRI,
por lo prefirieron mantenerse al margen
del debate público.
[4] “Una vez caído el gobierno
autoritario que había mantenido a las
masas bajo el yugo, tanto los que tomaron
parte en la lucha como los que no
participaron en ella desearon un gran
cambio en la sociedad, y empezaron a
exigirlo” (infra, p. 76).
[5] Es muy importante no perder de
vista que Madero fue un revolucionario
renuente como correctamente señala Wilkie,
cuya principal preocupación fue lograr
elecciones libres y que por lo mismo fue
incapaz de detener el programa porfirista
de transferencia legal de tierras publicas
a latifundios, que siguió su curso
aceleradamente, bajo su mandato (pp.
75-77). Igualmente, Carranza, ex senador
porfirista, no se atrevió a iniciar el
reparto agrario, con lo cual dejó
temporalmente en suspenso el programa
revolucionario. Lo más determinante en
este impasse fue la continuidad del
desarrollo agroexportador que favorecía a
los terratenientes ya incrustados en el
mismo, por lo que los primeros
revolucionarios no sabían como replantear
el papel económico del estado y, como
subraya Wilkie, se oponían al reparto
agrario porque consideraban que vulneraba
su proyecto de pequeña propiedad agraria.
[6] . Ver capitulo 4.
[7] . De acuerdo al cuadro X-7, con la
creacion del estado activo, el indice de
pobreza bajó más rápidamente que el
aumento del PIB per capita, lo que sugiere
fue más dinámica la incorporación de los
campesinos, que el desarrollo economico
per se; pero no habría que olvidar que
otra fuente de transformacion fue la
expansión demográfica, cuya tasa estaba en
su cúspide.
[8] . Es lo otros autores y yo
llamamos desarrollo extensivo del
capitalismo mexicano que se sustenta en la
incorporacion al mercado interno de la
poblacion rural que vivía en una economía
de autosubsistencia. Ver M. A. Rivera, Crisis
y reorganizacion del capitalismo
mexicano, ed. ERA,
México, 1986.
[9] . Obsérvese efectivamente que los
indicadores utilizados por Wilkie miden el
grado de integración de la población rural
pobre a la economía nacional. A medida que
se abate el valor porcentual promedio de
los siguientes indicadores, se consolida
la integracion nacional:
a)
Analfabetismo;
b)
población que solo habla lengua
indigena;
c)
personas que viven en comunidades de
menos de 2 500 habitantes;
d)
población descalza;
e)
población que usa regularmente sandalias
en lugar de zapatos;
f)
población que regularmente come
tortillas en lugar de pan blanco;
g)
población sin drenaje.
[10] . “Modernization and Change
in Mexican Communities, 1930-1970”,
en J. Wilkie y E. Haber (Eds.), Statistical
Abstract of Latin America,
vol. 22, UCLA, 1982.
[11] . Wilkie proporcionó a Haber
datos y metodología para que este último
hiciera un ajuste al Indice de Pobreza y
pudiera aplicarse a nivel municipal.
Wilkie también alentó a Haber a adoptar el
concepto de “modernización” que en ese
tiempo no estaba de moda. Haber reconoce
esa deuda al explicar que su Indice de
Modernización Social, que mide el proceso
de integración de las comunidades rurales
a la economía nacional (p. 636), no es
sino una derivación del de su mentor, ya
que seis de sus indicadores son los que
definió originalmente Wilkie, en tanto que
el tercero es la derivación de una de las
variables originales obtenidas por Wilkie
(Ibid).
[12] . Con el libro de Wilkie se
adoptó y generalizó la práctica de
distinguir entre el gasto planeado o
autorizado y el ejercido. Irónicamente tal
aportación le significó al autor postergar
por varios años la traducción al español
de su libro. El gobierno sólo dio el visto
bueno a la edición en el prestigioso Fondo
de Culrura Económica, cuando la
presentación del presupuesto se ajustó al
método de James Wilkie, es decir, a la
indispensable discriminación entre gasto
ejercido y autorizado.
[13] . Wilkie consideró estos gastos
como parte del sobre-ejercicio
presupuestario (o sea como gasto ejercido)
y los sometió a las mismas subdivisiones
del gasto total, que comentaremos a
continuación.
[14] Esta división entre gastos
administrativos, sociales y económicos,
fue la misma que se utilizo en el debate
de los setenta, sobre el papel del estado
en la sociedad capitalista, auspiciado
entre otras instituciones por la London
School of Economy y New Left Review.
[15] . Es decir un estado que invade
los espacios sociales, ver Enrique de la
Garza, Crisis y
reestructuracion productiva en Mexico,
UAM-Iztapalapa, México, 1988
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