Mexico and the World
Vol. 6, No 2 (Spring 2001)
http://www.profmex.org/mexicoandtheworld/volume6/2spring01/poblacion_migracion.html

LA LEY DE POBLACIÓN Y LA MIGRACIÓN DE MEXICANOS A ESTADOS UNIDOS

Dr. Jesús Arroyo Alejandre*

Director de la División de Economía y Sociedad en la Universidad de Guadalajara,

Catedrático Visitante en la UCLA

Mtro. Salvador Berumen Sandoval**

Profesor e Investigador de la Universidad de Guadalajara

Introducción

Este trabajo revisa de manera general la Ley General de Población en lo referente a la migración interna e internacional y en relación con las posibilidades que ofrece para el diseño y la instrumentación de políticas públicas dirigidas a resolver algunos de los problemas de los mexicanos que emigran a Estados Unidos.

Consideramos pertinente este ensayo porque el Estado Mexicano muestra voluntad política de intervenir en esos problemas y de tomar ventaja de las oportunidades sociales y económicas que ofrece la migración México-Estados Unidos. Por diversas razones, en el pasado no se le otorgó prioridad política a este fenómeno ni siquiera por su importancia socioeconómica.
La Ley General de Población se basa implícitamente en dos principios: 1) la dinámica y las características de la población mexicana son el objeto y sujeto de cualquier política pública, y 2) la estrecha interdependencia entre tal dinámica y dichas características y los procesos económicos de producción, reparto de bienes y servicios entre los diferentes grupos sociales, así como la localización territorial de la actividad económica. [1]

El enfoque de este trabajo es en los lugares de origen semiurbanos, rurales y de pequeñas ciudades. Nuestros argumentos se fundamentan en gran medida en estudios realizados en estos contextos con emigrantes de retorno temporales y definitivos. [2]

            Planteamos que la Ley General de Población no ha sido suficientemente utilizada para influir en los aspectos estructurales del proceso migratorio, aunque sí se ha utilizado para regular “operativamente” la inmigración procedente de otros países en México; proteger a los emigrantes en sus viajes a Estados Unidos y a los que están de retorno en México.
Ley  General de Población, Desarrollo Regional y Flujos Migratorios

            Esta Ley trata de manera explícita la migración interna e internacional con un enfoque integral, por eso prevé la instalación del Consejo Nacional de Población (CONAPO), integrado por secretarios de Estado, el gobierno del Distrito Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Su objetivo es contribuir a “que los mexicanos y mexicanas participen justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, mediante la regularización de los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución territorial”. [3]    Se reconoce que “la política de población reclama un enfoque integral claramente inserto en las prioridades del desarrollo social...”.

            En la Ley resulta evidente el reconocimiento de la interdependencia de los procesos demográficos. Por ejemplo, no se puede intervenir en los factores de la migración sin considerar el crecimiento poblacional y la distribución territorial de los asentamientos humanos. Además, existen complejas interrelaciones económicas que influyen en los aspectos anteriores.  Así, “el CONAPO tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos” (artículo 5). Más aún, los gobiernos estatales han creado sus consejos estatales de población, los cuales tienen funciones similares a las del CONAPO. Por su parte, algunos municipios han integrado consejos municipales de población.

En cuanto a la migración, se señala la necesidad de “procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional, con base en programas especiales de asentamiento de dicha población”,  “promover la creación de poblados con la finalidad de agrupar a núcleos que viven geográficamente aislados” (artículo 3 fracciones XI y XII). Para cumplir este ordenamiento es necesario conocer de la funcionalidad socioeconómica de los asentamientos en el territorio, las características de su crecimiento y los patrones de localización de la actividad económica con el propósito de plantear inversiones públicas, de promoción económica, etcétera, en poblaciones con potencialidad de crecimiento, y por lo tanto, de atracción y/o retención de poblacional. De lo anterior se deduce la necesidad de la intervención pública para reorientar, reubicar y retener a la población mediante la coordinación de los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno, y con el concurso de la iniciativa privada.

 Respecto a las disposiciones de inmigración, incluidas en el capítulo III de esta Ley, prevalece el enfoque integral en su tratamiento, en el artículo 32 se establece el número de extranjeros que pueden internarse en el país, éste debe determinarse con base en los estudios demográficos correspondientes y en los requerimientos de las actividades en las zonas de residencia. Además deberán contribuir al progreso del país.

 La Ley General de Población concede facilidades a los inmigrantes que pudieran tener mayor capital humano: “los permisos de internación se otorgarán preferentemente a los científicos y técnicos que se hayan dedicado a la investigación o a la enseñanza en disciplinas no cubiertas o insuficientemente cubiertas por mexicanos, así como a los inversionistas...” (artículo 33). Sin embargo, en este artículo, como en gran parte de lo que referente a la inmigración, puede haber cierta subjetividad y discrecionalidad por parte de la Secretaría de Gobernación al tomar las decisiones acerca de los posibles inmigrantes. Lo mismo ocurre cuando se habla de permitir el ingreso de inversionistas, se pone como condición que sus inversiones “contribuyan al desarrollo económico y social del país” (artículo 48 fracción II). En situación similar se encuentran rentistas, profesionales, los cargos de confianza, científicos, técnicos, familiares, artistas, deportistas y los asimilados. Sería deseable que la Ley de Población permitiera el ingreso de individuos con capital humano de calidad, definido éste como la posesión de un título universitario o técnico y de probada capacidad en la realización de un trabajo especializado para el cual es insuficiente el personal del país, independientemente del sector o disciplina de procedencia y de que signifique o no competencia para los nacionales. En todo caso los nacionales que quieran permanecer en el mercado deberán competir con ellos y demostrar su eficiencia. Lo anterior aumentaría la calidad en la prestación de servicios y la superación de los profesionistas y técnicos en general.

En el actual contexto de globalización económica la política de inmigración debe mostrar más apertura y ser menos nacionalista. Se reconoce que la diversidad cultural y la capacidad de inmigrantes altamente calificados, principalmente en las áreas técnicas (México carece de una oferta suficiente de este personal) contribuyen ampliamente al desarrollo económico de las comunidades donde se integran.

 En cuanto a la emigración, la Ley General de Población estipula que la Secretaría de Gobernación deberá “investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración a nacionales y dictar medidas para regularla” (artículo 76 fracción I). Aunque existen estudios sobre migración, éstos no se han traducido en políticas públicas de desarrollo regional enfocadas a abatir y/o dirigir los flujos migratorios nacionales e internacionales.

 También se menciona que la Secretaría de Gobernación deberá “dictar medidas de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores tendientes a la protección de los emigrantes mexicanos” (artículo 76 fracción II). En el caso de los trabajadores mexicanos se requiere que “comprueben ir contratados por temporalidades obligatorias para el patrón o contratista y con salarios suficientes para satisfacer sus necesidades” (artículo 79). Lo anterior es loable en términos de los derechos de los mexicanos, pero hay que preguntarse cuál es el trato recibido por los inmigrantes en México, así como quienes emigran entre estados o regiones del país, quienes con frecuencia reciben un trato inhumano, bajos salarios, no se les otorgan las prestaciones de ley, etcétera, por ejemplo los trabajadores itinerantes en los campos agrícolas mexicanos.
 Por otra parte,  la Ley  General de Población menciona que “la Secretaría de Gobernación estimulará la repatriación de los mexicanos y promoverá su radicación en los lugares donde puedan ser útiles de acuerdo con sus conocimientos y capacidad” (artículo 82)  Al respecto sólo existen programas como Paisano y Protección al Migrante, los cuales prevén que éste reciba un trato digno, pero no hay programas formales para su reincorporación a la actividad productiva.

Panorama Sobre la Emigración de Mexicanos a Estados Unidos

 Volumen y Flujos Migratorios

Según el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos en el año 2000 había en aquel país 21.4 millones de personas de origen mexicano. De ellos 13.4 millones tenían la ciudadanía norteamericana, 5.4 millones eran inmigrantes con residencia autorizada y 2.6 millones inmigrantes con residencia no autorizada. Del total de inmigrantes mexicanos –autorizados y no autorizados– poco más de la mitad (4.2 millones) eran originarios de cuatro estados: Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, y el Distrito Federal.

La emigración puede aumentar o mantenerse en el tiempo debido al establecimiento de redes de parentesco y amistad (Massey y Durán, 1991) porque emigran las personas más jóvenes y aptas de regiones pobres, que luego dependen en gran medida de las remesas, induciendo a otros miembros de la comunidad a emigrar (Arroyo, De León y Valenzuela, 1991). Por ejemplo, la población de origen mexicano pasó de 4.5 millones en 1970 a 9.0, 15.0 y 21.4 millones para 1980, 1990 y 2000, respectivamente.

 Principales Causas de la Migración

1. La falta de oportunidades de desarrollo en muchas regiones de México, tanto en las de reconocida tradición migratoria como en las de reciente incorporación al fenómeno (Tuirán et al., 2000; Arroyo, 1999)  Esto se explica por la desigualdad social y regional, generalmente debida a la falta de una política de desarrollo regional para incorporar a los beneficios del desarrollo económico a muchas poblaciones regionales, que han crecido en forma acelerada en las últimas cinco décadas (Secretaría de Relaciones Exteriores, 1997)  En especial, no han sido incorporadas aquellas poblaciones asentados en muchas áreas rurales, semiurbanas y pequeñas ciudades, así como a los grupos pobres y marginados de las grandes ciudades. En suma, el desempleo, los salarios bajos, la escasa movilidad social y el alto costo de la vivienda en las grandes ciudades son las causas principales de la emigración de mexicanos a Estados Unidos. Recientemente a este fenómeno se han incorporado personas calificadas y con alto nivel de escolaridad, por ende es insostenible la hipótesis de que emigran las personas más pobres y menos calificadas.

2. Factores de atracción, reforzados por la permanente demanda de trabajadores mexicanos documentados e indocumentados por muchos sectores económicos y diversas regiones de Estados Unidos cuya actividad económica depende de la mano de obra mexicana. Los emigrantes que se incorporan por primera vez a la actividad económica lo hacen en la agricultura o la industria, aunque recientemente la tendencia parece modificarse a favor del sector servicios. Por ejemplo, antes de 1990 el 55 por ciento se incorporaba en la agricultura o la industria, esta cifra se redujo al 40 y 38 por ciento para los periodos 1990-1995 y 1995-2000, respectivamente. Por otra parte, el 81 por ciento de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos residen en cuatro estados: California (3.7 millones), Texas (1.7 millones), Arizona (536 mil) e Illinois (520 mil).

3. La expectativa de desarrollo socioeconómico más alto en Estados Unidos, lo cual incentiva la emigración hacia aquel país. Entre las  motivaciones principales figuran el diferencial de salarios, mayor certeza sobre su futuro económico en Estados Unidos, más credibilidad en el gobierno y las instituciones estadounidenses, entre otras. 

Monto y  Distribución de las Remesas

        Según el Banco de México en el año 2000 ingresaron al país poco más de 6 mil millones de dólares por concepto de remesas; a pesar de la recesión que vive Estados Unidos, se estima que en 2001 éstas aumentarían en alrededor del 15 por ciento. Continuamente aumenta el número de familias dependientes del dinero que envían sus familiares migrantes; de no existir las remesas, probablemente muchas localidades rurales de México no existirían o estarían aún más pobres. Según la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de Hogares (ENIGH) (INEGI, 1996) 1.1 millones de hogares recibieron remesas, 584 mil de ellos eran urbanos y los restantes 494 mil, rurales. Para 600 mil hogares las remesas representaron más de la mitad de su ingreso corriente monetario y para 183 mil hogares más de tres cuartas partes.

Además, las remesas se dispersan en miles de comunidades. En cuanto a su uso; en primer lugar se utilizan para la manutención familiar, y en segundo para compra, mantenimiento o ampliación de la vivienda; por ello tienen muy poco potencial productivo; sólo aproximadamente el 2 por ciento se invierten en pequeños negocios. Según estimaciones hechas con base en datos del Conteo de Población y Vivienda (1995) y la ENIGH (1996) tres estados captan más de un tercio del total de las remesas que se reciben en el país: Guanajuato (15.4 por ciento), Jalisco (12.4 por ciento) y Michoacán (8.4 por ciento).

Con base en trabajo de campo realizado en los años 2000 y 2001, se ha descubierto que las remesas tienen una utilización indirecta muy importante y poco estudiada en la formación de capital humano. Los hijos de muchos migrantes han podido estudiar o capacitarse gracias a las remesas.

La transferencia de remesas es sumamente costosa (entre el 6 y el 10 por ciento del valor de lo transferido por montos de hasta 300 dólares)4,  principalmente en las transferencias electrónicas y por los abusos en el precio del dólar que se paga en pesos.

A las divisas por exportaciones, turismo e inversión extranjera directa  el gobierno les otorga diversos incentivos: exenciones de impuestos, programas de promoción subsidios a través de construcción de infraestructura y en el costo de terreno, entre otros. La obtención de estas divisas tiene un costo alto en comparación con las divisas que entran al país por concepto de remesas; para estas últimas no existen programas de estímulos amplios, sólo programas muy localizados y con tintes políticos 5.

Uso Productivo de Remesas y “Remesa Colectiva”

En   nuestros   estudios   en   ciudades   medias    de    Jalisco   encontramos   que aproximadamente el 30 por ciento de los migrantes de retorno quienes eran asalariados cuando emigraron se emplearon por cuenta propia en el país en micronegocios6..   Con respecto al uso de las remesas, la mayoría de ellas se destinan a la manutención de la familia, la compra, ampliación o reparación de la vivienda, y una pequeña parte se invierte  productivamente, los porcentajes varían entre el 2 y el 10 por ciento, dependiendo de la unidad de análisis y lugar y el estudio de referencia.

En talleres de discusión realizados en ciudades pequeñas de Jalisco entre académicos y ex migrantes autoempleados, la opinión generalizada era que no han recibido apoyo del gobierno en sus negocios; por el contrario, enfrentan obstáculos y problemas. Incluso desconfían de los programas y promesas gubernamentales.

Muchos estudios destacan el potencial productivo de las remesas y sus efectos multiplicadores,7 pero no toman en cuenta que en muchos lugares de origen no existen recursos ni oportunidades de crecimiento económico. Arroyo y Berumen (2000) argumentan que el flujo tradicional de remesas está integrado al circuito normal de ingresos y consumo de la economía de México, en particular en las comunidades expulsoras de migrantes, donde son como cualquier otro ingreso. Por eso no existen los efectos multiplicadores mencionados por esos estudios o, en caso de existir sólo pueden atribuirse a los incrementos o las disminuciones del flujo de remesas. Arroyo y Berumen también argumentan que las remesas estimulan la economía de los lugares donde se producen los bienes y servicios consumidos por las familias que las reciben, pero normalmente son grandes ciudades o ciudades dinámicas que centralizan las funciones productivas de las regiones de emigración.

Las “remesas colectivas”8 han dado lugar a políticas públicas de algunos gobiernos, donde se han creado dependencias ex profeso para atender a los migrantes en Estados Unidos, así como programas de fondos concurrentes (Dos por Uno o Tres por Uno)9 instrumentados por los gobiernos federal, estatales y municipales. Los representantes de éstos promueven el envío de tales remesas apelando a los sentimientos de solidaridad, nacionalismo y buena voluntad de los miembros de clubes en Estados Unidos. Si bien es loable su aportación en este tipo de remesas, es una política pública injusta porque los gobiernos son quienes tienen la obligación de prestar servicios y proveer la infraestructura necesaria. Además, en la mayoría de los casos los costos de operación de dichas dependencias y los de obtener “la cooperación” son mayores que los recursos obtenidos por medio de la “remesa colectiva”. Sin embargo, la motivación es eminentemente política. La “remesa colectiva” ha sido la justificación para hacer proselitismo partidista con los clubes de migrantes en Estados Unidos. Se considera que éstos influyen en la orientación de los votos emitidos por los ciudadanos en sus lugares de origen. Por otra parte, los migrantes por lo general pagan impuestos tanto en Estados Unidos como en México y no es justo pedirles su colaboración para realizar este tipo de obras.

Pese a lo anterior, nuestro trabajo de campo arroja resultados en el sentido de que los migrantes –residentes documentados e indocumentados– y los estadounidenses de origen mexicano tendrían el interés de invertir en actividades productivas en sus lugares de origen o podrían asociarse con empresarios mexicanos.10   

Integración Económica y la Migración

 El proceso de integración de la mayoría de mercados mexicanos con sus correspondientes norteamericanos es rápido, excepto el del mercado laboral, lo cual obstaculiza el proceso de integración general y distorsiona los precios relativos en ambos países y, por lo tanto, la convergencia regional de ingresos.  En el caso de la Unión Europea, la integración y liberalización de los mercados, incluyendo el laboral, redujo la migración de españoles a Francia y otros países europeos. Alba y Garzón (1998) lo demuestran en la siguiente gráfica:

México podría esperar una transformación como ésta si existieran condiciones favorables y políticas migratorias adecuadas tanto para la migración interna  como para  la internacional.   Empero,  algunos investigadores (por ejemplo Aragonés, 2001) consideran que la emigración de trabajadores mexicanos aumentará debido a la política salarial mexicana, el crecimiento económico basado en maquiladoras y las dificultades para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, entre ellos la competencia resultante de la integración y apertura comercial.

 Otros Aspectos del Proceso Migratorio
 
Por la acelerada integración México-Estados Unidos se ha dado un cambio en los patrones migratorios. Existe un creciente número de población binacional, emigrados, turistas y hombres de negocios que requieren procedimientos eficientes de inmigración en ambos países. 

La migración indocumentada es cada vez más riesgosa para quienes la practican, ésta conlleva problemas de explotación económica, derechos humanos y conflictos políticos entre ambos países; pero es necesaria para la existencia de muchos negocios norteamericanos y para mantener los bajos costos de numerosos productos y servicios en Estados Unidos.

Las sociedades mexicana y estadounidense, así como los migrantes, ponderan poco los costos y beneficios sociales y privados de la migración indocumentada. Los emigrantes normalmente consideran beneficios de largo plazo y subestiman los costos del corto y mediano plazos, en ellos el beneficio neto puede ser igual o un poco mayor que el obtenido en México si se cuenta con un empleo estable. Si los emigrantes indocumentados consideraran en su costo de migración los gastos de transporte y entrada a Estados Unidos, el gasto de su mantenimiento en aquel país y el de su familia en México, además del costo psicológico que representa la separación familiar y de los riesgos, el beneficio neto podría ser insignificante o incluso negativo.

Aunque la mayoría de los trabajadores indocumentados cumple con sus obligaciones tributarias en ambos países, se considera que no reciben los servicios públicos y de seguridad social correspondientes ni en México, ni en Estados Unidos, lo que ocurre especialmente con los que proceden de los medios rural y semiurbano y de los grupos más pobres de las grandes ciudades.

 
Lineamientos Para una Propuesta Integral de Desarrollo Regional y Migración
 
La Ley General de Población ordena estudiar las causas de la emigración interna e internacional, así como promover de manera integral el desarrollo de las regiones para reorientar, reubicar y retener población en las diferentes áreas del país (política conocida como de las tres “erres”  propuesta por el CONAPO a finales de los setenta), de manera que la población tenga la oportunidad de un desarrollo más equitativo. Establece un marco institucional en el que el CONAPO (que en la actualidad puede ser apoyado por los Consejos Estatales de Población, COEPOS) puede coordinar las políticas públicas con ese propósito.

Proponemos impulsar regiones consolidadas como centros regionales de desarrollo, o bien el impulso de asentamientos de población con potencial de influir en el crecimiento de su entorno. Cabe mencionar que en algunas comunidades sin posibilidades de recibir inversiones productivas debido a su precariedad económica, el aislamiento geográfico y económico, entre otras causas, resulta más barato instrumentar políticas de reubicación poblacional en lugar de dispersar recursos o subsidiar proyectos de poco impacto en los flujos migratorios. En otras regiones es posible retener población mediante políticas de empleo, mejoramiento de ingresos, acceso a vivienda, educación, etcétera.

La política de reubicación poblacional se puede reforzar difundiendo información e incentivando la movilidad poblacional (entendida en su sentido amplio como expulsión y/o recepción de población, según sea el caso) de asentamientos de población sin los recursos mínimos para garantizar su desarrollo para ubicarlos en otros más dinámicos emergentes o ya consolidados que ofrezcan mayor bienestar a dicha población.

Nuestra propuesta es similar a la política de las tres ”erres” planteada por el CONAPO, la cual no se puso en práctica, ambas implican una concepción diferente de política pública para influir en la migración interna e internacional. A finales de la década de los ochenta el CONAPO retomó la idea de intervenir en la migración a través del desarrollo regional. Se realizó un estudio para identificar los principales sistemas urbanos y de asentamientos del país, su funcionalidad socioeconómica y los patrones de movilidad poblacional y de desarrollo socioeconómico. Este trabajo serviría de base para el establecimiento de políticas de gasto y estrategias de desarrollo regional e influiría en las tres “erres” de la migración. Igual que en el primer intento, este quedó solamente como una publicación interesante (CONAPO, 1991).

 
En este caso planteamos abordar el fenómeno migratorio bajo un enfoque estructural, donde todos los esfuerzos estén vinculados al objetivo y al espíritu de la Ley de Población, que plantea hacer accesible para todos los mexicanos y mexicanas los beneficios del desarrollo económico y social. Con este fin debemos enfocar la política migratoria; por eso no basta con plantear medidas para influir en los procesos migratorios, sino considerar sus posibles impactos positivos y negativos en el desarrollo económico y  social de las regiones.

En este tenor y queriendo ser consecuentes con los planteamientos de la Ley de Población acerca de investigar las causas de la emigración y el planteamiento explícito de instrumentar medidas para redirigir los flujos hacia destinos con potencialidad de desarrollo regional, planteamos una política migratoria con dos ejes centrales:

Políticas agresivas de promoción del desarrollo económico y social en las comunidades expulsoras de población que pudieran ofrecer oportunidades de negocios, canalizando hacia ellas recursos públicos y promoviendo inversiones privadas, especialmente de los migrantes y ex migrantes, ya sea de manera individual o colectiva.
 
Políticas explícitas de reubicación de población desde asentamientos con bajo potencial de desarrollo económico hacia aquellos más dinámicos e integrados a la dinámica económica regional, nacional e internacional.
 
Estas funciones estarían a cargo de la Secretaría de Gobernación, específicamente del CONAPO, que a través del Instituto Nacional de Migración  realizaría las actividades pertinentes. Se propone que éste, además de sus funciones actuales, agilice los trámites operativos de los asuntos relacionados con la migración, desempeñe un papel más activo en la política migratoria, en consonancia con los ejes mencionados.

Para ello proponemos las siguientes estrategias específicas:

·       Un sistema de financiamiento a bajo costo dirigido a inversiones realizadas por migrantes y ex migrantes u otros agentes; siempre y cuando se realicen en comunidades con altos índices de emigración y/o marginación social y que tengan verdaderas oportunidades de negocios, o en “centros urbanos nodales” con potencial de crecimiento económico y para retener y/o asimilar población de sus regiones de “influencia inmediata”.
Crear una cámara binacional que se encargue de difundir información y promover la inversión productiva, así como de formar redes de producción-comercialización entre pequeños empresarios mexicanos y el mercado de consumidores en Estados Unidos, promovido especialmente por emigrantes.
 Promover la entrada de nuevas empresas a la transferencia de dinero con el objeto de evitar comportamientos monopólicos, abusos en la paridad cambiaria, robos y fraudes.
 ·       Legislar para que las transferencias de remesas se paguen en dólares o en pesos según la preferencia del usuario. Lo anterior se puede complementar mediante el establecimiento y la promoción de convenios entre compañías mexicanas y estadounidenses.

·       Elaborar una legislación que permita la importación de maquinaria y herramientas manuales por parte de los migrantes de retorno eximiéndolos del pago de los impuestos correspondientes. Puede establecerse un tope máximo por persona para evitar la distorsión del esquema. Esto promovería la formación de pequeños negocios productivos y la capacitación técnica de ex migrantes (CEPAL, 2000: 10)

·       Apoyar una iniciativa de ley que regule el activismo político de los gobiernos locales en cuanto a la promoción de esquemas de desarrollo de infraestructura comunitaria basados en la “remesa colectiva”. Esto con el fin de evitar cargas excesivas sobre los migrantes que, dicho sea de paso, son un grupo de población altamente vulnerable, el cual ha tenido que enfrentar situaciones críticas en su proceso migratorio en Estados Unidos.

Crear una fundación no gubernamental11 que sea la instancia ejecutora de las anteriores y otras propuestas dirigidas a promover el desarrollo económico regional. Dicho organismo se enfocaría en asentamientos de población con un impulso importante de crecimiento económico, con la finalidad de mejorar las condiciones socioeconómicas de sus poblaciones, atraer personas que pudieran emigrar a Estados Unidos y expandir su desarrollo económico hacia las zonas de origen de estos migrantes potenciales. Esta propuesta tiene como  fundamento las opiniones generalizadas de migrantes y ex migrantes respecto a que no confían en los gobiernos ni en muchas de sus dependencias.12

En suma, aunque el CONAPO y algunas instancias académicas han estudiado ampliamente el fenómeno migratorio en relación con sus causas estructurales y coyunturales, así como en sus efectos tanto en los lugares de origen como en los de destino, los mandatos para diseñar políticas e instrumentarlas con el propósito de influir en la emigración e inmigración de subregiones de México no se han cumplido cabalmente. Probablemente la estructura de la administración pública, la falta de comprensión de la dinámica poblacional, en relación con el desarrollo territorial, así como las prioridades de política, dificultan la coordinación de acciones que establece la Ley de Población para influir en la migración y el desarrollo. En este sentido, no se aprovecha completamente el marco de dicha Ley.
En el caso de la natalidad y la mortalidad el CONAPO tuvo éxito en la aplicación de la Ley General de Población. Se logró reducir el crecimiento poblacional y la mortalidad, lo que ha influido en factores de la dinámica demográfica de México tales como salud, educación, incorporación de la mujer al mercado de trabajo, métodos contraceptivos, cultura urbana, aumento del ingreso, entre otros.

En el caso de la migración, para influir en los factores que la determinan son necesarias políticas complejas y de mayor coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales. Se requiere sobre todo concebir este fenómeno como oportunidad de desarrollo para las regiones y sus localidades. De hecho, los grupos de población, las familias e individuos que emigran experimentan en su mayoría un mejor nivel de vida en los lugares donde se establecen, o en los de origen cuando retornan, en comparación con aquellos que no emigraron. En realidad, interesa el desarrollo de los individuos y no el de las regiones per se.

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* Profesor-investigador adscrito al Departamento de Estudios Regionales-INESER del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara y Director de la División de Economía y Sociedad del mismo Centro.

** Profesor-investigador adscrito al Departamento de Estudios Regionales-INESER del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

[1] Alba (1994); Benítez y Jiménez (1999); CONAPO (1991)

[2] Arroyo y Jean (1996) y Arroyo, et al (1991), Arroyo y García Zamora (2000)

[3] Presentación de la Ley de Población, pp. 1

4 Profeco, 2001

5 Arroyo y Berumen, en prensa.

6 Arroyo y Papail, 1996.

7 Para una revisión sobre el tema, véase CONAPO (1999), Ramírez (1999), Pescador (1998), entre otros.

8 Son recursos enviados por un grupo de migrantes en Estados Unidos, normalmente clubes originarios de una misma localidad, con el propósito de contribuir a la construcción o el mantenimiento de infraestructura, así como para obras sociales en el lugar de origen.

9 Por cada dólar de “remesa colectiva” los gobiernos aportan dos o tres, según el caso, para inversión en infraestructura u obras sociales en el lugar donde se reciben.

10 Para una crítica más amplia sobre la “remesa colectiva” y el potencial productivo de los migrantes en Estados Unidos, véase Arroyo y Berumen (en prensa).

11 Esta propuesta se desarrolla en Arroyo y Berumen (en prensa).

12 Resultados de investigación de campo con grupos de ex migrantes y migrantes en talleres de discusión efectuados en algunas ciudades pequeñas del occidente de México (2000-2001).

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